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Víctor Rafael Mascarell Mascarell 

Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA), y miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC). Real de Gandía (Valencia), 6 de abril del 2012. 



17.000 accidentes por animales en las carreteras Españolas y 426 en la Comunidad Valenciana en el 2011: éste es el balance que acaba de publicar la Dirección General de Tráfico (DGT) en su revista oficial del mes de abril, con los datos recabados de todas las Comunidades Autónomas. De los 17.000 accidentes de tráfico producidos por la invasión de animales en las carreteras españolas, en más de 650 se registraron víctimas, con 10 personas fallecidas y 84 resultaron heridas graves el año pasado en España, según los datos de la DGT. 



En la Comunidad Valenciana la fauna en las carreteras ha provocado 426 colisiones en el año 2011, de los cuales 54 accidentes fueron con víctimas y 2 con muerte. Según el estudio, el perro es la especie animal que más accidentes ha provocado en las carreteras valencianas, con 270 siniestros, seguido del jabalí con 156 accidentes, según la publicación que se realiza en la Revista Tráfico y Seguridad Vial nº 213 del mes de abril, de la Dirección General de Tráfico (DGT), con el título: “ANIMALADAS EN EL ASFALTO”, de Mercedes López. 





En cuanto a las razones de dicha siniestralidad con animales se cita en dicha publicación: «Las razones están muy claras para Gonzalo León, jefe provincial de Tráfico: “fragmentación de los hábitats naturales de los animales, el abandono del medio rural, junto con el crecimiento de las poblaciones de determinadas especies”. Este es el caso de los jabalíes, uno de los animales cuya cabaña ha registrado un mayor crecimiento en los últimos años. Víctor Mascarell, presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana, explica el porqué: “no tiene enemigos naturales como depredadores, y la abundancia de la maleza en los montes y el abandono de las zonas rurales ha hecho que hayan proliferado en demasía”.» 


Considero que sería importante que éste tema se tratara con el rigor que se merece, y la importancia que tiene, tanto a nivel Autonómico como Estatal. El pensar que en España se produjeron 17.000 siniestros por irrupción de animales en nuestras carreteras en el año 2011 es preocupante, además de las terribles consecuencias producidas a las víctimas; por ello se debería de buscar los mecanismos, acciones, legislaciones y actividades necesarias, para que la construcción de las futuras carreteras, a todos los niveles, tendieran a reducir en lo posible los accidentes por la irrupción de animales en dichas vías (los animales no entienden de carreteras ni de vehículos); y además favorecieran los movimientos de nuestra fauna silvestre que constituye nuestro patrimonio natural, la cual ha sufrido una fragmentación de sus hábitats y un deterioro de su biodiversidad, con el objetivo de que no se impidieran los procesos migratorios naturales consecuencia de esta red de carreteras construidas. 


Asimismo, se debería de actualizar la legislación en cuanto a quien debe y es responsable de dichos daños, o tal vez se debería de considerar como un siniestro extraordinario, o si por el contrario, como ya propuso la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) con su Propuesta SPEFS (Siniestros Provocados por Especies de Fauna Silvestre), se debería de establecer un fondo, un pago fraccionado entre todos, y un organismo público que lo gestionara y las herramientas y mecanismos legislativos necesarios para hacer frente a este problema de los siniestros de los animales, consecuencia del progreso que el hombre ha realizado en su entorno natural. 


Víctor Rafael Mascarell Mascarell
Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA), y miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC). Valencia, 12 de Octubre del 2011.


El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 ya está en vigor, fue aprobado por el Consejo de Ministros con el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Estado Núm. 236, el viernes 30 de septiembre de 2011.


En alguna ocasión he criticado el Plan, cuando escribí el artículo, Un Plan Estratégico Estatal o un estratégico plan (14/03/2011)”, ya que el Plan Estratégico dejaba al margen a la Caza y el reconocimiento de sus entidades, como entidades de custodia del patrimonio cinegético, pues sólo aparecía la Caza en todo el marco normativo del Plan reflejada como una acción 2.2.13 con el título: “Contribuir a la sostenibilidad ambiental de las actividades cinegéticas y piscícolas y mantener el Inventario Español de Caza y Pesca”, con grado 3 –conveniente-; en otras, he intentado en mis artículos explicar las bondades de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en relación a las Sociedades de Cazadores, considerándolas comoEntidades de Custodia para el Patrimonio Cinegético (28/03/2009)”. Lo hemos pedido en las reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente 13/01/2009, y en otras, lo hemos propuesto a través de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA) 30/06/2009, presentando alegaciones oficialmente, y como no, alegando a través de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) 10/02/2011, al proyecto de Plan Estratégico del Patrimonio Natural. Al final se ha logrado y reconocido la Caza y las Entidades de Caza, con el esfuerzo de todos: cazadores, entidades, representantes y técnicos de las administraciones, altos cargos, etc.





Ahora, con el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 se crea el marco legal y de actuación, en el cual la Caza pasa a ser un Objetivo. 2.5. (dentro de la Meta 2.); con diferentes acciones, alguna verdaderamente importante para la caza y sus sociedades de cazadores, como la acción 2.5.2.: “Impulsar el papel de entidades de caza y pesca en la custodia del territorio y la protección del patrimonio cinegético y piscícola español.” con una prioridad 2., donde se les reconoce su implicación y lugar en el seno del Medio Natural como entidades de caza en la custodia del territorio y en la protección del patrimonio cinegético; que junto con otro importante Objetivo del Plan, el 5.1., que pretende Promover la custodia del territorio para la conservación de la biodiversidad, en el cual, en su acción 5.1.1., se encomienda con prioridad 1, el: “Crear un registro de entidades de custodia y determinar las tipologías y condiciones de entidades y acuerdos de custodia y formas de gestión concertada.”, donde se deberán registrar dichas entidades y se establecerán sus bases en torno al patrimonio natural, con dotaciones presupuestarias de 4 y 2 millones de euros respectivamente para cada Objetivo.

En el año 2009 vaticiné en uno de mis artículos: “Las Sociedades de Caza tienen un futuro esperanzador como entidades de custodia del territorio para la preservación y conservación de nuestro patrimonio natural cinegético, y para la caza sostenible que pretende impulsar la Unión Europea.”, y al parecer así ha sido, por ello me alegra que se vaya creando el marco para que sea una realidad, para bien de esas entidades de cazadores que llevan muchísimos años trabajando en silencio y esperando que se les reconozca lo que son y lo que hacen por el patrimonio natural cinegético, y además se las respalde y se les reconozca su propia entidad; entidades que preservan, conservan, y gestionan el patrimonio cinegético para que el cazador pueda realizar aquello que ha heredado de sus ancestros y lo lleva en sus genes, el cazar; instinto animal que persistirá a lo largo de su existencia, pues cuando el hombre deje de cazar, hombres y mujeres dejaran de ser lo que son, por la sencilla razón de que habrán perdido, tanto genética (perteneciente o relativo a la génesis u origen de las cosas), antropológica (estudio de la realidad humana), como fisiológicamente (ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos), su condición de lo que son, lo que les ha dado la naturaleza y han heredado a lo largo de millones de años. Sería lamentable y no deseable que los hombres y las mujeres dejaran de ser lo que son, con sus virtudes y defectos.



Queda mucho camino que andar y que hacer dentro del mundo de la Caza, y os animo a seguir y luchar por los Derechos de los Cazadores, sólo hemos hecho que empezar. Pero con este Plan se han creado las bases, el marco. Ahora vendrán las Directrices, en base a ese marco del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para posteriormente realizar la Ordenación de los Recursos Naturales del Estado, donde se establecerán objetivos y alcances, y de ahí y en base a ello se realizarán o se tendrán que adaptar a ello los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de las CCAA. Un camino largo, pero valioso, y que todos debemos arrimar el hombro, ya que si creamos unos cimientos sólidos y estables para la preservación de nuestro patrimonio natural, en donde se reconoce la participación de las entidades de caza y los cazadores en la conservación de la biodiversidad, y su vinculación social en el medio rural, habremos logrado algo que durante muchos años se les había negado a la Caza, a sus Entidades y a los Cazadores.


Víctor Rafael Mascarell Mascarell. Valencia. Julio 2011. 
 Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA). Miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC). 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece: 
 "Artículo 74. El Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 


1. Se crea el Fondo para el Patrimonio Natural… 


2. Serán objetivos del Fondo: 
 ... 
f) Instituir mecanismos financieros destinados a hacer viables los modelos de gestión sostenible en materia de silvicultura, actividades cinegéticas, y piscícolas. 
 ...
4. Por Real Decreto, previa consulta con las Comunidades autónomas, se regulará el funcionamiento del Fondo para el patrimonio natural que garantizará la participación de las mismas,..." 



Por otra parte el Consejo de Ministros del 22 de Julio de 2011 aprueba el siguiente acuerdo: 
"Las subvenciones otorgadas por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal están destinadas a las actividades objeto del Fondo del Patrimonio Natural; en concreto, al seguimiento y evaluación de las poblaciones y su hábitat, así como al establecimiento de medidas de actuación a la conservación de especies en peligro de extinción: oso pardo, lince ibérico y visón europeo. 






La distribución económica es la siguiente: 


COMUNIDADES AUTÓNOMAS-FONDO PATRIMONIO NATURAL (en euros) 
ANDALUCIA- 238.361 
ARAGÓN- 36.481 
ASTURIAS, PRINCIPADO DE- 0 
ILLES BALEARS- 0 
CANARIAS- 0 
CANTABRIA- 68.789 
CASTILLA-LA MANCHA- 0 
CASTILLA Y LEON- 68.789 
CATALUÑA- 118.789 
EXTREMADURA- 0 
GALICIA- 0 
LA RIOJA- 68.789 
MADRID- 0 
MURCIA- 0 
VALENCIA- 0 
TOTAL 599.998" 


(• "ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y los compromisos financieros resultantes de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 13 de julio de 2011." http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2011/refc20110722.htm#ParquesNacionales) 


Un Fondo que debería de haber sido regulado por Real Decreto, y en cuatro años no se ha hecho. Que sólo algunos privilegiados saben cuánto hay en ese fondo desde su creación, qué se hace con ese dinero, a qué va destinado, y a quién va a beneficiar; aunque se crea dicho Fondo y se indican sus objetivos por la propia Ley, y se dota con los Presupuestos Generales del Estado, de todos y para todos, pero ya se ve a quién va destinado y a quién va a beneficiar, A LAS ACTIVIDADES CINEGÉTICAS AL PARECER NO.

Víctor Rafael Mascarell Mascarell
Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA).


He leído lo que ha difundido el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, la cual ha participado en la reunión celebrada en Malta entre los días 18 y 20 de mayo de 2011, afirmando, “Expertos en Especies Exóticas Invasoras analizan los progresos en el control de estas especies en el marco del Convenio de Berna”, en la que se indica:

“Los Códigos de Conducta sobre caza y especies exóticas invasoras y sobre animales de compañía, analizados en esta reunión, van a ser propuestos como recomendaciones al Comité Permanente del Convenio de Berna”


Decidir al margen de aquellos que les afecta, los cazadores, es paradójico, si no viniera de gente que decide sin preguntar, dar opinión o participación a los que les afecta lo que ellos plantean, proponen y deciden: caza, especies exóticas invasoras o animales de compañía. 



Es curioso que el Ministerio afirme: “El control de las especies exóticas invasoras es un tema clave para la protección de la Biodiversidad en España”.

Mucho reunirse, analizar y escribir, pero poco actuar. Seguro que se creen que hablando de las especies exóticas invasoras y sacando papeles y analizando la situación van a desaparecer esas especies o se van a estabilizar sus poblaciones. Pues creo que no. Ya el 02/12/2009 escribí un artículo sobre ello, con el título:

“Se establece el control para el Cañar y la Tórtola Turca en Valencia, y en su caso su erradicación”

En él afirmaba: “…considero fundamental que la Consellería competente en materia de caza les diga a los cazadores y a los titulares de los acotados qué tienen que hacer con la Tórtola Turca y el Arruí, y las herramientas que tienen que emplear para dicha colaboración y control.”

En las últimas propuestas realizadas por la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA) a la Consellería, también se pidió (lean la Solicitud 6 del ANEXO), como ya se hizo el año pasado al Consejo Valenciano de la Caza:

-SOLICITUDES ADECACOVA 2011 sobre Caza ANEXO a las Solicitudes 2-03-2011

-SOLICITUD ADECACOVA 2011 sobre Caza a la DG 2-03-2011

Aun estamos esperando la/s respuesta/s, y las herramientas.

Mucha palabrería y mucha letra pero ponen pocas armas y/o herramientas a disposición de quienes pueden erradicar y estabilizar esas especies exóticas invasoras: el pueblo y la gente en general, y que cada día nos invaden más. Mucha reunión, legislación y análisis del Ministerio, de las Comunidades Autónomas y de los expertos, pero cada día estamos peor.

Esperemos que algún día cambien las políticas medioambientales de palabras huecas que no dan solución y empeoran la situación, por políticas eficaces, eficientes y efectivas, con el consenso y la participación de todos los actores afectados e implicados en esta labor tan complicada y difícil, que es dejar a nuestros hijos lo que nos prestaron nuestros padres.

Víctor Rafael Mascarell Mascarell

Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA), y miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC)
Valencia, Marzo 2011.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha puesto a información pública, como establece la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el borrador del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en su versión preliminar, con sus Anexos 1 y 2, cuya finalidad es el establecimiento y la definición de objetivos, criterios y acciones que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad, sorprendiéndome la falta de ecuanimidad en él plasmado. Al leerlo me ha venido a la cabeza el artículo que en el año 2006 publiqué, con el título: “Me alegra el Anteproyecto de ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y me preocupa su relación con la Caza y la Pesca”, y que se puede leer en la red, pues he tenido la misma sensación al respecto, pero ahora con este Plan Estratégico.


Es preocupante que la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad dedique todo un CAPÍTULO IV “DE LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES EN RELACIÓN CON LA CAZA Y LA PESCA CONTINENTAL”, que no son pocas dentro de España, y que dicho Plan Estratégico no las incluya para nada; bueno no, en el ÁREA PRIORITARIA Conservación de la naturaleza, en su META 2. Proteger y conservar la naturaleza en España, y en el OBJETIVO 2.2 Contribuir a la conservación y restauración de hábitats naturales y especies silvestres, donde se ubica la Red de Parques Nacionales, la Red Natura 2000, el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, la Red de Recursos Genéticos Forestales, el Catálogo Español de Especies Amenazadas, etc., para los cuales hay previsto un presupuesto de 30 millones de euros para 4 años según el Plan, ahí aparece como residuo la ACCIÓN 2.2.13 “Contribuir a la sostenibilidad ambiental de las actividades cinegéticas y piscícolas y mantener el Inventario Español de Caza y Pesca”, con grado 3 (ni prioritario -1-, ni necesario -2-; eso, como conveniente -3-), y que con seguridad se perderá en el limbo; cuando la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que ordena realizar el Plan Estratégico Estatal del que hablamos, dedica todo un Capítulo IV a “la protección de las especies en relación con la Caza y la Pesca Continental”.

En este puchero de Plan Estratégico se imponen cuestiones, como el turismo, que no aparece en la Ley del Patrimonio Natural; a otras cuestiones que aparecen residualmente, se les da mucha importancia; otras que en la Ley tienen mucha importancia ni se citan, etc. Se supone que si la Ley lo legisla, y lo desarrolla bien desarrollado dentro de la propia Ley, será porque tendrá importancia ¿no? Entonces, ¿tan difícil será coger la estructura de la Ley del Patrimonio Natural y desarrollar con ella el Plan Estratégico Estatal, según sus Títulos, Capítulos y artículos, y dotarlos de presupuestos, para que las CCAA después ajusten sus Planes de Ordenación de los Recursos Naturales a ello?

Y es que es lógico lo que he comentado: si uno se lee el Anexo 2 de dicho Plan Estratégico, entonces es cuando se da cuenta que todo un Ministerio no sabe qué valor, ni estado de conservación, ni cuantificación, ni hábitats, ni de gestión tienen las Especies Silvestres Cinegéticas y Piscícolas de su Patrimonio Natural Estatal, pues no consta ni un solo Indicador de ellas para establecer sus objetivos y áreas prioritarias. En una palabra, no han invertido ni esfuerzo ni recurso alguno en saberlo. Si no tienen Indicadores de las Especies Silvestres Cinegéticas y Piscícolas, ¿cómo van a aparecer entre sus objetivos y prioridades esas especies, si los indicadores son los que establecen las prioridades y objetivos? Me da la impresión que los infiltrados disfrazados de verde y que forman el Ministerio de Medio Ambiente, quieren apartar como siempre han hecho a las especies de Caza y Pesca, para que los cazadores sigan pagando de su propio bolsillo los indicadores, estudios, informes, etc., que debería de realizar el propio Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con las CCAA, si quiere saber que tal sana está su población de especies cinegéticas y cómo evoluciona para su control zoosanitario, su equilibrio poblacional, y su sostenibilidad en España.


Lo reprochable es que han estado durante 40 años imponiendo su política medio ambiental e invirtiendo para mejorar el Medio Ambiente, y no lo han mejorado; está mucho más degradado. Han invertido en prioridades y objetivos durante años para mejorarlos, de ahí que tengan Indicadores, y como tienen Indicadores ahora quieren seguir invirtiendo otros 40 años más en esos mismos Indicadores, sin dar participación y paso a otros sectores ni actores ni planteamientos, para mejorar eso que ellos llevan años diciendo y haciendo, y sigue empeorando.

Se dijo y se alegó cuando se inició la andadura del Plan Estratégico: que la Caza y la Pesca no aparecía, y que las especies de caza también forman parte del Patrimonio Natural, al igual que lo forman las especies protegidas o las que están en peligro de extinción, y todas son importantes y deben de aparecer en él; pero en el Ministerio de Medio Ambiente se hacen los suecos de lo que dicen y proponen los cazadores, ni tan siguiera les responden; un Ministerio que quiere seguir dando las prebendas como hasta ahora a los que hasta ahora han hecho los inventarios, y utilizan palabras verdes en los medios de comunicación (el Plan le dedica: 70.000.000 millones de euros), o aquellos que apuestan por la extinción de incendios (el Plan le dedica: 432.000.000 millones de euros), y no en la prevención del incendio forestal (el Plan le dedica: 1.500.000 millones de euros), que por la diferencia de inversión entre la extinción y la prevención se ve claramente la intención del Ministerio de Medio Ambiente en sus políticas medio ambientales y que hasta ahora de poco o nada han servido para mejorar nuestro Patrimonio Natural y nuestro Medio Ambiente, y a los hechos me remito: hay más degradación de nuestro entorno natural, menos salud y biodiversidad en nuestros bosques y sotobosques, más cambio climático, menos especies animales y vegetales, más contaminación atmosférica y acústica, menos calidad del aire, más pérdida de ecosistemas y de biodiversidad, etc.  

Este Plan Estratégico, que a los cazadores no se les ha tenido en cuenta para nada ni se les ha dado ningún tipo de participación habiéndose presentado como interesados, y que el Ministerio de Medio Ambiente dice que para su realización ha llevado a cabo reuniones y contado con la participación de los diferentes actores implicados, más bien parece un estratégico plan para que algunos sigan exprimiendo las arcas públicas y viviendo de ellas, que un Plan Estratégico Estatal para preservar nuestro Patrimonio Natural, conseguir mejorar nuestra biodiversidad, y enriquecer y mantener nuestro Medio Natural y Ambiental para que sea sostenible.

Mucho tendrá que cambiar este Plan, y mucho tendrá que cambiar el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en sus políticas y en sus compromisos de trabajar por garantizar una efectiva participación de la sociedad civil, como se comprometió la ministra al ser elegida recientemente Presidenta del 26º periodo de sesiones del Consejo de Administración/Foro Mundial de Ministros del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), si quiere mejorar nuestro/el Patrimonio Natural y su Biodiversidad, que lo verde prohíbe mucho, vende bien a la opinión pública y vive muy bien de ello, pero aporta muy poco físicamente a la salud y calidad de nuestro medio natural y rural, y a su biodiversidad.



Víctor Rafael Mascarell Mascarell
Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA), y miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) 


Las Administraciones oyen a los cazadores, pero no los escuchan. La clase política los ha soportado, pero no respaldado y ayudado. Las personas influyentes les han ido quitando pedazo a pedazo su identidad, su idiosincrasia, y su forma de ser y de vivir. Entre todos les han arrebatado, poco a poco, sus ilusiones a base de obligaciones e imposiciones. Los Gobernantes les han obligado a ser lo que no son (deportistas) y han hecho oídos sordos a sus reivindicaciones: que son cazadores y parte viva del medio ambiente que les rodea. Pero las Leyes cambian, para bien o para mal, y las Administraciones tienen que cumplir y adaptarse por imperativo legal a dichos cambios, o lo que es lo mismo, a la voluntad del legislador, aunque algunos por desgracia se creen que su cargo o administración es su cortijo, y tardan un poco más. 



La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, impuso a los titulares de los cotos de caza y pesca que tenían que tener un plan técnico; así en su artículo 33.3 se indicaba: “Todo aprovechamiento cinegético y acuícola en terrenos acotados al efecto deberá hacerse por el titular del derecho, de forma ordenada y conforme al plan técnico justificativo de la cuantía y modalidades de las capturas a realizar”; también obligó en su artículo 35.1.“Para el ejercicio de la caza y de la pesca será requisito necesario la acreditación, mediante el correspondiente examen… 2. La superación del citado examen habilitará a los interesados para la obtención de las correspondientes licencias de caza o pesca, que expedirán los órganos competentes de las Comunidades Autónomas…4. Por las Comunidades Autónomas se crearán los correspondientes registros de infractores de caza y pesca cuyos datos deberán facilitarse al Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se crea por esta Ley.” 

Las Comunidades Autónomas, con el traspaso de competencias fueron legislando sus Leyes de Caza y adaptándolas para el cumplimiento de la anterior ley del párrafo anterior, imponiendo los Planes Técnicos de Caza y los exámenes del cazador y del pescador. Las leyes autonómicas de caza han ido obligando a todos los titulares de cotos a tener un Plan Técnico de Caza o un Plan Técnico de Ordenación Cinegética, con un gasto cada cuatro años en su realización de más de mil euros de media cada uno (en España hay aproximadamente 32.000 cotos a una media de 1.000 euros cada uno, estaríamos hablando de 32 millones de euros); unos libros con planos, datos e información que al final se autorizan por la Administración con dos folios, pero que en último lugar hay que pedir autorización para todo lo que se quiera realizar; no sólo se exige un plan cuatrienal o quinquenal, también es obligado en muchas CC.AA. el presentar anualmente las memorias de gestión en base a dicho Plan, las cuales también tienen un coste económico, según en que Comunidad Autónoma o en que Provincia se tengan que presentar. 


Pero la nueva LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, derogó o dejó sin vigor la anterior Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, así consta en su Disposición derogatoria. “1. Quedan derogadas las disposiciones de carácter general que se opongan a lo establecido en esta Ley y, en particular, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres”. 

La LEY 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad no obliga ni cita nada de los Planes Técnicos, ni del examen del cazador, ni tampoco del Registro de Infractores de caza y pesca, eso sí, indica que, “El Ministerio de Medio Ambiente…elaborará el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad….los Planes Sectoriales que desarrollen el Plan…y que El Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades Autónomas, elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, unas directrices para la ordenación de los recursos naturales a las que, en todo caso, deberán ajustarse los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que aprueben las Comunidades Autónomas. 

La vigente Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, encomienda en su artículo 21. 1. que “Corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración y la aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en sus respectivos ámbitos competenciales.”, pero no obliga a los titulares de los aprovechamientos de caza y pesca de terrenos acotados a realizar un plan técnico justificativo para poder cazar o pescar. 

Ahora la Ley que obligó a tener un plan técnico de caza a su titular no lo hace, pero si lo hacen las leyes de caza de las Comunidades Autónomas, que en su mayoría no se han adaptado a la Ley Básica Estatal, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y a sus Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, que deberán ser elaborados y aprobados por las Comunidades Autónomas. 

No es mi intención hacer una valoración técnica, jurídica o económica de las repercusiones, alcance, o de la necesidad de planificar o no un espacio cinegético para poder cazar, aunque considero que sí debería existir una planificación en el aprovechamiento de las poblaciones de especies silvestres cinegéticas, que son parte de nuestro Patrimonio Natural, con el fin de conservarlo, hacer un uso sostenible, y en lo posible mejorarlo y restaurarlo, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, todo ello con el reconocimiento y respaldo de nuestras Administraciones, evitando burocracia y gastos innecesarios. 

Pero sí que es mi intención, en primer lugar que se sepa, y los afectados actúen en consecuencia; en segundo lugar que se reflexione en qué nos hemos equivocado, sin buscar responsables o exigir responsabilidades; y en tercer lugar hacer un llamamiento a todas las Administraciones Autonómicas, para que tomen el testigo y adapten sus leyes de caza a la voluntad legislativa estatal, corrigiendo y cambiando el modelo de planificación de aquello que no ha dado los resultados que todos habíamos esperado, con la colaboración activa y real de la Caza y de los cazadores de a pie, y para aquellos cargos o administraciones que justifican la imposición de los Planes Técnicos de Caza (que no tienen porque justificarse, pues no son culpables de nada), amparándose en que su Ley de Caza no contraviene la estatal, pero sí obligando a sus ciudadanos a pagar el Plan que en la actualidad no tiene respaldo legal a nivel estatal, cuando son las CC.AA. las que lo tienen que elaborar (artículo 21.1 LPNB), que no apliquen la ley del embudo a sus ya económicamente castigados ciudadanos, como viene ocurrido con: el pasaporte de los perros, los reclamos vivos (gripe aviar), el ahorro que hubiera supuesto la licencia única de caza, los pagos de los siniestros de especies de caza (P-SPEFS), o el gasto en el cambio de arma por la prohibición del plomo en las zonas húmedas.



Víctor Rafael Mascarell Mascarell.

Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA), y miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC). 
Valencia, Septiembre 2010.




Recientemente la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y Aproca se quejaban de las altas comisiones bancarias que cobran las entidades financieras de su comunidad autónoma, como la Caja de Castilla-La Mancha y la Caja Rural, por la tramitación de licencias de caza y pesca, algo que también sucede en otras CCAAs, lo que supone un coste en comisiones de 1,2 millones de euros, según sus datos; asimismo pedían a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha que tomara las medidas necesarias para evitar lo que consideran un abuso injustificado y totalmente desmedido.

Para evitar ese uso y abuso en el cobro de comisiones en la tramitación de las licencias de caza y pesca, ahorrar burocracia y dinero a las Administraciones, y facilitar la obtención de las licencias dentro y fuera de una CCAA a los ciudadanos, la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) propuso en el año 2007 una solución a ello: INFORME LICENCIA ÚNICA DE CAZA -Informe LUC- (siglas de Licencia Única de Caza), y lo remitió a todas las Administraciones Autonómicas, del cual yo fui uno de los artífices. Este nombre “Única” se le dio por dos motivos muy sencillos: primero, al cazador solo se le expedirá una licencia para muchos años, y segundo le servirá para practicar su actividad en su CCAA y en otras Comunidades Autónomas (no una todos los años, ni una por CCAA), sólo tendrá una licencia de caza o pesca para toda España, “Única” de ahí ese nombre, la de su CCAA; no como ahora que hay 17, una por cada CCAA. 

Lo que propuso la UNAC en el Informe LUC son dos soluciones importantes: La primera (Opción A) afectaría al sistema de expedición y autorización de licencias DENTRO de la propia CCAA. La segunda (Opción B) afectaría al sistema de validación y autorización para cazar FUERA de la propia CCAA. 

Las dos soluciones que propone la UNAC, facilitarían y contribuirían al ahorro de trámites y dinero, tanto a la Administración como a los cazadores y pescadores, lo que conllevaría un ahorro sustancial a todos los ciudadanos.


Opción A
La Opción A del Informe LUC plantea que la CCAA expida o dé a cada uno de sus cazadores y pescadores la Licencia Única (tipo tarjeta de crédito o DNI) que le acredita como tal, con una validez de 10 años ó mas –salvo retirada por infracción o delito-, pero que no le autoriza a cazar. Si quiere cazar o pescar, sólo le queda ir al Banco o Caja de su pueblo o ciudad más cercana a su casa (que en todos pueblos las hay como entidades colaboradoras con la Administración para el cobro de impuestos), e ingresar el dinero que cuesta la licencia en la cuenta que la Administración tiene para tal fin, mediante un modelo estándar para su pago, que es público o lo facilita el propio Banco o Caja para sus clientes. Con el documento que le entrega el Banco o Caja después del ingreso y su Licencia Única, ya está autorizado y puede cazar en su CCAA –TIENE VALIDADA SU LICENCIA-. Así de sencillo, ir y pagar; la Administración recaudar y controlar quienes están autorizados a través de la recepción de dichos documentos u otros mecanismos o datos que se lo indiquen; y los Agentes de la Autoridad exigir la licencia y su validación “el pago”; el cazador o pescador no tiene que presentar como hasta ahora la misma solicitud y documentos periódicamente (solicitud de licencia, copia del seguro, del DNI, tasas pagadas…), no hay ni burocracia ni intermediarios ni comisiones, ni trabajos ni gastos en su tramitación o expedición por parte de la Administración.

Hay escépticos que consideran que el seguro de responsabilidad civil del cazador es un impedimento para implantar la licencia en su Opción A, y yo les preguntaría: “Cuándo solicitan o tramitan su carnet de conducir, ¿presentan o se les exige el seguro de su coche como requisito?”. Entonces, ¿por qué lo exigen para tramitar la licencia de caza? El seguro es uno más de los documentos que se pueden exigir por los Agentes de la Autoridad (autorización del titular del coto, licencia de caza, cartilla del perro…, o seguro del cazador), si lo ordena la ley y cuando corresponda. 

La Opción A del Informe LUC la puede implantar cualquier Comunidad Autónoma, es voluntad de sus dirigentes y de su Administración, aunque no ha sido puesta en marcha por ninguna CCAA como se propuso por la UNAC. Algunas CCAA tienen algo parecido y lo hacen bien: remiten toda la documentación al domicilio del titular –incluso con sobre franqueado- y, si se quiere la licencia, se va al banco, se paga y le remiten la licencia a casa; o la propia Administración domicilia el pago de la licencia en el banco del cazador; o se puede realizar su petición y pago a través de Internet, etc.; son gestiones que mejoran el servicio que ofrecen estas Comunidades Autónomas y que tienen el mismo espíritu que la Opción A, pero se quedan cortas, pues la propuesta de la UNAC es una propuesta conjunta: dentro y fuera de la CCAA, como Licencia Única. 





Opción B
La Opción B del Informe LUC propone que la Licencia Única (anteriormente expuesta) sirva, a través de acuerdos o convenios de colaboración entre CCAAs, para cazar en otras Comunidades Autónomas y viceversa, previo pago de la tasa correspondiente a la Comunidad Autónoma donde se quiera cazar, a través de una transferencia por Giro Postal; y con la Licencia Única de su CCAA y el documento de transferencia del ingreso Postal, ya está autorizado y puede cazar en la otra CCAA –TIENE VALIDADA SU LICENCIA-, con las mismas consecuencias expuestas anteriormente.

Algunos ven como dificultad, para implantar la Opción B, las pruebas de aptitud, y yo les preguntaría: “Si Ud ya posee un carnet o título académico o licencia, ¿se tiene que volver a examinar para obtenerlo/a?”. Entonces, ¿por qué quieren que se examinen los que ya la tienen? Quien la posee, la posee; y quien la desee por primera vez la licencia única que le exijan las pruebas de aptitud o su formación como cazador o pescador, para que la Administración de su Comunidad Autónoma se la entregue. 

Esta Opción B resultaría más complicada y costosa en el tiempo su implantación, así y todo ya está en marcha; ya fue aprobada a principios del año 2009 por 6 Comunidades Autónomas el implantar un permiso cinegético común en España (LUC), al cual ya se han adherido otras Comunidades Autónomas (10), ha pasado por las Cortes Generales, y se está trabajando en su implantación por los técnicos para que una vez todo preparado los Presidentes Autonómicos lo firmen y sea una realidad, a los cuales les doy mi enhorabuena, pues estoy convencido que ello redundará en beneficio de todos.

La implantación del Informe LUC propuesto por la UNAC, hubiera terminado con las comisiones, y con la burocracia en los trámites para la obtención de licencias de caza o pesca en las Comunidades Autónomas. Los cazadores y pescadores y la propias Administraciones Autonómicas se hubieran ahorrado miles o tal vez millones de euros, y la Administración hubiera ofrecido un buen servicio y una imagen más eficiente, eficaz, efectiva, moderna y de ahorro a la sociedad y a sus ciudadanos. Es lamentable que personas físicas o jurídicas sin ningún ánimo de lucro estén utilizando su tiempo libre y su dinero, sin recibir nada a cambio, para exponer los problemas y dar soluciones a la Administración, y ésta haga oídos sordos a sus esfuerzos y propuestas.

Lo que es reprochable, con la crisis que padecemos y con tantas y tantas medidas adoptadas por nuestra clase política para salir de ella, es que no se haya puesto en marcha ni implantado la Opción A de licencia única, y que algunas CCAA aún la tramiten como hace 40 años, como es el caso de la Comunidad Valenciana; una propuesta mejorable pero viable, sencilla y con pocos costes para las Administraciones que beneficiaría a todos los ciudadanos, pues ahorraría tiempo, trámites y dinero tanto a los cazadores y pescadores, como a las propias Administraciones Autonómicas. Tal vez si el Señor D. José Luis Martínez Guijarro, Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hubiera impulsado lo que le pidió la UNAC en el año 2007 “La UNAC pide a Martínez Guijarro que lidere la implantación de la Licencia Única en España“, los afectados no le reclamarían ahora soluciones y una mejor gestión, y sus ciudadanos castellano-manchegos se hubieran ahorrado millones de euros en la tramitación en las licencias de caza y pesca. 

Al final, y después de darle muchas vueltas a la cuestión, uno se pregunta: ¿Por qué motivo sacamos y pagamos a la Administración una licencia de caza o/y pesca?, ¿será…como impuesto de lujo...?, ¿será…porque ofrecen algún servicio…¿será…porque con ello se financia o hay alguna contraprestación…?

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