Hernández avanza que Galicia se sumará al protocolo que permitirá disponer de una única licencia para cazar en todo el territorio nacional

Durante su intervención en este acto, en el que también participó la directora general de Conservación de la Naturaleza, Verónica Tellado, y la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, aclaró que con la firma de este protocolo, las comunidades firmantes reconocerán la validez de la única licencia para ejercer esta actividad en su ámbito territorial. Destacó que los responsables de la Comunidad gallega trasladaron su interés por adherirse, porque de este modo, se evitará a los ciudadanos repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada comunidad.

Argumentó que la nueva Ley de Caza, impulsada por el departamento que dirige, hará de esta práctica deportiva una actividad compatible y complementaria con la conservación y mejora del patrimonio natural y del territorio gallego.

Manifestó que se buscó modificar el actual concepto de la caza, transmitiendo la idea de que no es simplemente una actividad deportiva y lúdica, sino también un instrumento básico para la gestión de las poblaciones silvestres y el desarrollo sostenible, reforzando la trascendencia ambiental de la caza.

Hernández también les trasladó a los asistentes que el nuevo texto contribuirá a regular y fijar a ojos vistas y acomodado la actividad de la caza, para lo cual fue preciso conciliarla con los valores de en medio natural, ante los que aquella se muestra como una firme defensora.

El conselleiro de Medio Ambiente también destacó el esfuerzo que se hizo a la hora de elaborar dicho texto, ya que fue necesario armonizar determinados aspectos de la normativa de caza gallega con la de las demás comunidades autónomas ya que existe una gran dispersión y confusión normativa.

Destacó que la necesidad de contar con un reglamento actualizado radica en la tradición e importancia en la sociedad gallega de la actividad de la caza, de la que dan buena cuenta los 454 tecores (con un promedio en superficie de 5.956 ha), 25 explotaciones cinegéticas comerciales autorizadas y una actividad económica (vinculada la esta práctica) próxima a los 100 millones de euros anuales en Galicia. Recordó que más de un 95% de la superficie total de Galicia es cinegética (de un total de 29.574 km2, 28.109 km2, un 95,5%, corresponden con terrenos cinegéticos).

Mejoras que aporta
La nueva Ley de Caza (Ley 13/2013, del 23 diciembre y publicada en el Diario Oficial de Galicia el 8 de enero de 2014) trata de actualizar y adaptar la ley del año 1997. Entre las mejoras que aporta esta nueva ley destaca el hecho de que declara la función social de la caza, por el servicio que presta a la colectividad. Un servicio que no tiene alternativas y que resulta imprescindible para la gestión de las poblaciones silvestres.

Otras de las novedades es la apuesta por la caza como instrumento de desarrollo rural y la pretensión de conseguir una caza más sostenible, ética y responsable, en la que por arriba de otros valores primen la seguridad de las personas y de los bienes, al tiempo que se preservan los valores de en medio y el equilibrio ecológico en los hábitats naturales.

Por último, esta nueva ley compatibiliza la práctica de la caza con el uso legítimo de los demás usuarios de los montes y establece un régimen sancionador claro y preciso.

Fondo de corresponsabilidad
El conselleiro Hernández argumentó que otro condicionante renovado en este texto es el hecho de repartir de manera solidaria la carga que deben soportar los titulares cinegéticos por los daños que causan las especies de caza. También reconoció que los cazadores obtienen un beneficio de la caza, sin restarles importancia al hecho de que son una pieza clave en el control de las poblaciones de especies cinegéticas. En ese sentido, debe valorarse la caza como un instrumento básico para la gestión de en medio natural, como una herramienta necesaria para recuperar equilibrios que resultan imprescindibles para la conservación de los hábitats y de sus especies. A tal fin, se crea el Fondo de Corresponsabilidad, para articular medidas preventivas y paliativas de los daños.

 

 

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