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La voz de los cazadores es la savia de la caza social en España, por eso es importante que entre todos expresemos nuestras inquietudes sobre todo lo que nos afecta, de una forma respetuosa y sencilla.

La caza social debe recuperar el protagonismo que le quitaron durante las últimas décadas y que mejor forma de hacerlo que a través de la voz de los cazadores.

Este espacio es un punto de encuentro de todos los cazadores sociales de España, por eso la UNAC te invita a participar en él con tus aportaciones.

Puedes enviarnos artículos de opinión, formativos, etc… al correo unacaza@gmail.com

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Hasta hace pocos años, el nombramiento que la SEO hacía de la “ave del año” era un hecho que atraía la curiosidad de cualquier ciudadano, pero en el año 2015 ese título ha recaído sobre una especie cinegética, justo en medio de un enfrentamiento entre los cazadores y la parte anticaza de la SEO. ¿coincidencia o intencionalidad?



Ya se prohibió la caza de la tórtola en Canarias y en Cantabria, y últimamente se está intentando hacer lo mismo en Extremadura; utilizando como argumento los datos que se obtienen del programa SACRE que gestiona la propia SEO. Datos que respaldaron también la moratoria para cazar la codorniz en las islas más meridionales de España, aunque incluso esos datos eran realmente escasos y otros aportados contradecían los primeros.

Es normal que desde el colectivo de los cazadores se pongan en duda las propuestas de la SEO, dado que en los últimos tiempos, en el seno de esta asociación, fundada por cazadores, ha surgido una preocupante línea anticaza que se está abriendo hueco poco a poco.

Tanto es así, que bajo estudios con escaso valor científico, se promovió la prohibición de los cartuchos cargados con plomo en humedales y espacios naturales protegidos desde la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Amparado por la Subdirección General de Medio Natural del MAGRAMA al frente de la cual se encuentra Miguel Aymerich Huyghues- Despointes. Desde ese departamento, han surgido líneas en contra del silvestrismo o las famosas Directrices para el control de predadores cinegéticos.

De nada sirve que nos cuenten que tal o cual representante de la SEO es cazador como nosotros, cuando después vemos en los medios de comunicación como aprovechan cualquier oportunidad para sumarse al carro de los que se han propuesto acabar con la caza en este país. Solo es cuestión de entrar en la página web de la propia SEO, introducir la palabra “caza” en su apartado de búsqueda, para ver que todas las noticias que en ella aparecen se refieren a connotaciones negativas, como “caza ilegal”, “moratoria de caza”, “prohibición de la caza”, etc..

Y partiendo de esa base, ¿a caso no es lícito que el colectivo de los cazadores se vuelva hacia sus Administraciones y las demande que, antes de tomar decisiones sobre la prohibición de la caza de esta especie en una CCAA recaben información y hagan estudios serios por funcionarios independientes sobre ella?

Pero no, las Administraciones adoptan la postura cómoda y se apoyan en los estudios e informes que les aporta la propia SEO, haciendo una dejadez manifiesta de sus funciones, que son las de estudiar la especie y las causas de su declive, si es que las hay. Y eso cuando no les transfieren recursos económicos para pagar dichos informes, externalizando una actuación administrativa sin razón alguna.

Nadie de las Administraciones cuestiona esos estudios y nunca se ponen en duda que puedan estar sesgados o muy limitados, o incluso que en la mayoría de los casos, estén hechos con la colaboración de personal que no cuenta con una formación oficial adecuada para ello.

Los cazadores tenemos derecho a que las Administraciones hagan su trabajo y cumplan con las funciones que tienen encomendadas. Es bien sencillo.

Antonio Mota
Secretario de UNAC

REVISTA TROFEO CAZA DE JULIO DE 2015

Dice el artículo 39 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias “los cabildos podrán declarar sociedades colaboradoras a aquellas que, con carácter abierto y sin ánimo de lucro, contribuyan a la consecución de los fines perseguidos por esta ley”.
Para contribuir a esos fines, la Ley de Caza se apoya en la posibilidad de que los cabildos declaren entidades colaboradoras a aquellas sociedades o agrupaciones que: estén legalmente constituidas, se federen, acrediten que la sociedad posee un marcado carácter deportivo con un mínimo de 60 socios federados e inviertan, como mínimo, el 75% de todos los ingresos de la sociedad en actividades o trabajos que contribuyan a la protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética.

Los cabildos, con la connivencia del Gobierno de Canarias, han impuesto a las sociedades de cazadores la obligación de federarse y con ello a los cazadores, como si no existiese la libertad de asociación en Canarias. Lo que fuera la gestión de espacios cinegéticos, la defensa de la cacería, y la representación de los cazadores regida desde la voluntad propia de constituirse en sociedades de cazadores sin ánimo de lucro desde los años 20 del siglo pasado, a imagen y semejanza de lo que son y hacen los cazadores y sus sociedades, ha desaparecido casi por completo. Imponiendo el modelo de intereses únicos deportivos mediante una Ley de Caza obsoleta desde su publicación.
Estas administraciones hechizadas por el deporte, con el poder y mazo legislativo en sus manos unas veces y por dejación otras, han desvirtuando la contribución de las sociedades de caza y cazadores a la preservación del patrimonio natural cinegético canario. La mezcla de materias Caza/Deporte claramente separadas en el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Constitución Española se han diluido avocando a los cazadores de a pie a perder su identidad y pensar como lo que no son, deportistas.

La Ley Canaria del Deporte considera actividad federada la practicada por personas físicas individualmente (deportistas) o integradas en entidades debidamente legalizadas (clubes), adscritas a la federación respectiva, bajo su dirección y supervisión y en el marco de competiciones y actividades oficiales.
En contraposición, los fines de la Ley de Caza son la de fomentar, proteger, conservar y aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos, armonizándolos con los diversos intereses afectados y con la preservación y mejora de los hábitats de las diferentes especies objeto de la caza.
Como consecuencia, la Ley de Caza tiene unos fines y la organización impuesta mediante entidades deportivas tienen otros diametralmente opuestos y contraproducentes. Cazar más en menos tiempo. Filosofía asumida por algunos considerándose mejores cazadores por realizar más capturas.

Por otro lado, tanto han dicho que los cazadores son deportistas que algunos no se han planteado nunca una reflexión sobre el asunto, hasta que en sus cazaderos les organizan una competición. Entonces, y solo entonces, es cuando les surge la duda de la estructura deportiva mantenida con su dinero temporada tras temporada tramitando la licencia federativa, para el éxito y regocijo de unos pocos.

La contradicción ha llegado hasta tal extremo, que a los clubes deportivos de caza de nueva creación no les permiten tener en sus estatutos el nombre de sociedad de cazadores y menos aún la conservación del medio ambiente entre sus fines. Obligándoles por una ley ajena a ellos, a invertir en el campo el 75% de sus ingresos. Entre tanto, las sociedades de cazadores que si tienen entre sus fines gestionar el territorio, fagotizadas por las federaciones, han desaparecido totalmente y los cazadores también de su ley, la de caza, a no ser para las prohibiciones, sanciones y para apretarles el bolsillo, para eso si son cazadores. Además, se les obliga a tramitar una licencia federativa no necesaria para cazar y sólo válida para competir.

Siempre habrá quien vocifere a los cuatro vientos “cazadores federados” cuando realmente no existe esa figura. Otros se basaran en la “unión de los cazadores” cuando lo que realmente representan es a deportistas. En el desconocimiento de los cazadores, habrá quién se apodere de la identidad de ellos para hablar por todos, pero eso sí, si pagan como deportistas. Incluso, se hacen descuentos para cazar en terrenos cinegéticos siempre que tengamos la licencia federativa. Entre tanto, a los cazadores nos quitan hasta el alma.

Queda en nuestras manos, en la de los cazadores, exigir a los poderes públicos (art 9.2 Constitución Española) promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Pidiendo la creación de nuestra propia estructura organizativa, la de los cazadores, como la tienen los deportistas, sindicalistas o políticos.

Juan Miguel Sánchez Roig
Presidente de la Asociación Canaria de Entidades de Caza (ACEC)
Coordinador de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC)

Víctor Rafael Mascarell Mascarell. Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA), y miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC).
Recientemente he podido leer que se ha reunido la Ministra con la ONC, una asociación creada por la Federación deportiva en la que se integran caza deportiva, armeros y terratenientes que viven de la caza social, para pedirle que se la incluya dentro del Consejo Estatal y del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) fue la primera en pedirle al Ministerio estar y participar en el Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y también en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el C.A.M.A.; la respuesta del Ministerio fue la siguiente: “Como quiera que la caza es una materia de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, no parece adecuada la integración en el Consejo de una Asociación cuyos fines se incardinen en dicho ámbito material”.

En ambos Consejos el Estado Central ha puesto por Ley a los representantes de cinco asociaciones ecologistas, negando y no admitiendo la participación de los representantes de centenares de asociaciones de cazadores con licencias de caza, cuando la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que crea dicho Consejo Estatal regula la protección de las especies en relación con la caza, el Inventario Español de Caza, la prohibición con carácter general del ejercicio de la caza de aves, o sienta las bases para que la Administración competente pueda autorizar la modalidad de la caza de perdiz con reclamo macho. En una palabra, la Ley interfiere en la caza, pero el Ministerio no le parece adecuado que la Unión Nacional de Cazadores (UNAC) esté en ese Consejo asesor y de participación de dicha Ley.

Pero no sólo sucede esa negación de participación a los cazadores por el Estado Central, también ocurre en las CC.AAs. Les pondré un ejemplo: el colectivo de cazadores es uno de los que más perros y hurones tiene; pues bien, en Valencia recientemente se ha modificado la norma que regula el pasaporte perros, gatos y hurones, y la participación de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana ha sido nula. No les han dado ni participación ni audiencia. Ni tan siguiera forman parte del Consejo Asesor y Consultivo en materia de protección de animales de compañía; ni tampoco del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

La caza es una materia constitucional íntimamente relacionada con otras materias, sectores y actividades, ya sean medioambientales, agrícolas, relacionadas con el asociacionismo, los perros o animales de compañía, las armas, carreteras, etc. Las disposiciones o normas que regulan todas estas materias con seguridad afectarán a los intereses de la caza y los cazadores, pero ¿por qué no se les da participación, se les deniega o se les ignora, teniendo muy presente que no van a percibir nada a cambio ni recibir subvención alguna por ello, y costándole dinero de sus propios bolsillos el hacerlo?

El derecho de participación de los ciudadanos en asuntos que les afectan, directamente o a través de sus organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, es un derecho establecido en la Constitución Española -artículos 9.2, 23.1 (derecho fundamental), ó 105.a-, aunque como hemos visto a la Unión de Cazadores y a sus Asociaciones Autonómicas se ha denegado dicha participación ciudadana, que propugna nuestra Carta Magna.

Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) Publicado en Club de Caza. Junio 2015 Recientemente se constituyó la Asociación ‘En defensa de la Caza - ENDECA’, una asociación totalmente altruista para la defensa jurídica y ante los tribunales de cualquiera que pueda atentar contra los derechos y el honor de los cazadores.

El pasado 30 de mayo, la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) mantuvo una reunión con el Secretario y la Tesorera de ENDECA, D. Jose María Losa y Dña. Olga Torrejón, en la que desde la UNAC se expresó el apoyo a dicha iniciativa, que se considera ejemplar y necesaria en estos momentos para la caza en España.

Puede parecer extraño que una entidad de ámbito estatal como la UNAC, que está formada a su vez por Asociaciones autonómicas de Sociedades de Cazadores y que cuenta con una masa social que supera las cien mil personas, muestre su apoyo público a una nueva Asociación como ENDECA. Quizás sea porque no estamos acostumbrados en el mundo cinegético español a ver a un grande apoyar a un pequeño, sino más bien todo lo contrario.

Los que han constituido una asociación de cazadores en España en las últimas décadas conocen de primera mano que no han sido precisamente flores lo que les han puesto en su camino para dar forma a sus proyectos. Por eso, desde la UNAC se considera un verdadero acto heroico que una asociación cinegética —no una federación deportiva—, supere los diez años de existencia. Ejemplos de referencia para los cazadores son la Asociación del Corzo Español o el Club de Cazadores de Becada, que no lo tuvieron precisamente fácil cuando se crearon, pero que han conseguido desarrollar proyectos propios que ahora son un ejemplo para todos.

Por el camino quedaron muchas otras asociaciones, que no fueron capaces de superar los muros que les pusieron para que no lograran lo que con mucha ilusión se propusieron sus fundadores. Pero su esfuerzo no ha sido en balde, sino todo lo contrario. Han servido para que muchos otros aprendan y no vuelvan a cometer los errores que les llevaron a la desaparición.

No se caracteriza las sociedad española por ser asociativa, pues hasta no hace mucho tiempo ni siquiera era posible poder constituir una entidad de ese tipo, siendo el único camino posible la creación de clubes deportivos que nada tenían que ver con la base de lo que se quería defender, es decir, la caza y los cazadores. Y es por eso que estábamos acostumbrados a ver una estructura casi vertical, que asumía la representación de la caza y de todos los cazadores, pero sin que ellos la hubieran elegido o votado —un cazador, un voto—.

Tan asumida teníamos esa estructura, que no es raro escuchar aún en nuestros días comentarios que critican «el excesivo número de asociaciones que se están creando». Y añorando una entidad única que defienda la caza y a los cazadores. Pero, ¿es eso realmente posible?

Desde la UNAC venimos reclamando que el Estado cree una estructura y organización hecha por los cazadores, para los cazadores y por la Caza. Aprobada y legislada por la Administración competente en materia de caza —y el Estado sí que es competente, aunque lo niegue—; y en la que se reconozca a ese gran colectivo y su estructura y organización.

Condiciones que hasta ahora no se han dado, ni los poderes públicos han promovido después de 30 años de aprobar la Constitución, ya que han reconocido y apoyado una organización para la caza basada en deportistas, clubes deportivos, y jueces o árbitros los cuales han constituido federaciones deportivas autonómicas con sus delegaciones provinciales, y a la vez entre todos ellos se han integrado en una federación deportiva española, regulados todos ellos por leyes y normas del deporte; organización elegida por aquellos que forman parte de ella por poseer una licencia deportiva, y no por tener una licencia de caza.

Y quizás es este el mejor momento para que entre todas las asociaciones que realmente defienden los derechos de la caza y de los cazadores, se creen y fortalezcan alianzas o redes que nos permitan impulsar esa organización añorada por todos.

En el mundo de la caza no sobra la opinión de nadie, ni tampoco sobra ninguna asociación, sino todo lo contrario. Porque son el verdadero reflejo de la riqueza y diversidad que la palabra caza tiene en España. El que no esté a gusto con lo que está pasando con la caza, que lo exprese. Que cree proyectos y los defienda. Porque saldrán adelante si verdaderamente tienen base y fundamento en la defensa de la caza.

La UNAC viene trabajando en esa línea desde su creación, y por eso tiene suscritos convenios de colaboración con la mayor parte de las asociaciones que realmente defienden la caza. Y nunca con aquellas que solo buscan defender intereses espurios de piratas sin vergüenza. La UNAC quiere un trato de tú a tú con las asociaciones que defienden la caza. No hay grandes ni pequeños. Solo ganas de trabajar por defender la caza.

Por eso tenemos que apoyar a ENDECA, para que crezca y se asiente. Para que trabaje por los cazadores y por la caza; de la misma forma que lo hacen el resto de asociaciones de verdaderos cazadores que tenemos en España. Y para que sus fundadores canalicen las ganas que tienen de luchar por la caza en España.

Es tiempo de cambios importantes en nuestro país, y lo debe ser también para el mundo de la caza. Todo el ánimo del mundo para Miguel, Eduardo, José María, Olga, Camino, Fran y Antonio; que han decidido dar un paso al frente y sumarse a la defensa de la caza desde la Asociación ENDECA.

Mucho se está hablando sobre el anteproyecto de la Ley de Montes desde todos los sectores relacionados con la materia. En este marco, la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) ha presentado alegaciones debidamente justificadas al borrador de dicha norma, en la que se han incluido aspectos que afectan a todos los cazadores españoles. En este artículo les detallamos todos los puntos presentados por la UNAC.


El primero de los puntos que se ha querido incluir en la nueva Ley de Montes es la creación de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, aspecto sobre el que la Unión de los Cazadores manifestó que «está a favor de una norma básica sólida y unificadora para la caza que ofrezca igualdad a todos los cazadores del Estado, por lo que no comparte que se quiera elaborar una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, ya que ésta no será norma básica de ley para las comunidades autónomas, lo que conllevará a mantener los problemas actuales, pues las estrategias tienen un carácter orientativo y no legislativo de obligado cumplimiento».

Opinión que la UNAC ha puesto sobre la mesa durante los últimos años en infinidad de ocasiones, tanto por escrito como en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

La UNAC ha llegado incluso a redactar un borrador de anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural Cinegético, el cual presentó hace unos años ante todas las administraciones con el fin de que se impulsara y aprobase.

El aprovechamiento de la caza

En contraposición, el MAGRAMA siempre ha respondido que la administración y regulación de la caza es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que el Estado no puede entrar en su terreno.



El último en recordárselo a la UNAC fue el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, cuando se presentó, hasta en cuatro ocasiones, la solicitud para que se incorporaran instrumentos para el aprovechamiento sostenible de recursos cinegéticos en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

Contrariamente a estas tesis del MAGRAMA, el Consejo de Estado dictaminó en el trámite de la nueva Ley de Montes que «el Tribunal Constitucional también ha señalado que, si bien el Estado no tiene competencia en materia de caza ni de pesca fluvial (salvo la de mantener la legislación supletoria) –FJ 26 de la STC 102/1995–, sin embargo, cuando lo que el Estado pretende regular ‘guarda una cierta relación con el ejercicio de la caza y de la pesca, pero sin incidir en ellas directamente’ (Id., FJ 27), el Estado sí puede regularlas haciendo uso de la competencia en la materia que indirectamente está relacionada con la caza o la pesca fluvial».

Siguiendo con el análisis del contenido de la nueva Ley de Montes, la UNAC no está de acuerdo tampoco en que se pretendan regular los diversos asuntos cinegéticos que afectan a los cazadores a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, pues entiende que dicho órgano poco o nada tiene que ver con la caza.

Sobre la licencia interautonómica

La creación por iniciativa estatal de una licencia de caza interautonómica también aparece regulada en la nueva Ley de Montes, pero, curiosamente, el Consejo de Estado dictaminó que «en su redacción actual es, pues, claramente inconstitucional el modelo ‘impuesto’ en dicho apartado 2, salvo que la decisión a adoptar por la Conferencia Sectorial y sus efectos sean meramente políticos nunca con eficacia jurídica directa–, de manera que no puedan dichos acuerdos de la Conferencia vincular obligatoriamente a las comunidades autónomas, que, si bien podrán remitirse a los mismos en su legislación exclusiva en la materia de manera que el contenido del acuerdo sea hecho suyo por decisión unilateral, no pueden ser sustituidas en su competencia exclusiva por la Conferencia Sectorial.

Por tanto, no resulta constitucional pretender la validez jurídica de estos acuerdos, lo que sólo puede, no obstante, salvarse si se dice expresamente que este modelo podrá ser adoptado por las comunidades autónomas en su legislación de caza y pesca fluvial, teniendo, mientras tanto, validez sólo como acuerdo político (o jurídicamente no vinculante)».

Llegados a este punto, ¿qué nos queda entonces de la licencia interautonómica del MAGRAMA?

Sobre el Registro Español de Infractores de Caza y Pesca

La ministra García Tejerina también declaraba públicamente que «la existencia de este registro facilitará la implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre comunidades autónomas».

Dicho registro ya existía en el artículo 35.4 de la derogada Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. A todas luces se demostró inoperativo y, por ello, ni siquiera se incluyó en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. A modo de ejemplo, en Canarias llevamos intentando mantener actualizado el registro autonómico y está resultando claramente imposible. Por no nombrar las distintas tasas y fórmulas para obtener la licencia en las diferentes islas…

La propuesta de Licencia Única de Caza (Informe LUC) de la UNAC, que se remitió hace años a todos los responsables políticos del Estado y las autonomías, ahorraría dinero y trámites a todas las partes. Además, la fórmula para el trámite de expedición de las licencias no se impone a las comunidades, por lo que no es inconstitucional.

Asimismo, ya cuenta con el visto bueno de las Cortes Generales (BOCG Nº 354 11.11.09), y además no presentaría problemas a la hora de transmitir datos al registro central.

Cuestiones de sanidad animal

Para finalizar, pretendía el MAGRAMA, con una modificación de la Ley de Caza de 1970, asegurar el buen estado sanitario de las especies cinegéticas y evitar la transmisión de enfermedades entre ellas o al ganado doméstico. A ello, la UNAC alegó que no era ese el marco, existiendo ya normativa aplicable al respecto.

Todo ello sin perder de vista la posibilidad ambiciosa de que el Gobierno desarrollara una normativa específica para caza, como en derecho nos merecemos los cazadores y las especies cinegéticas, sin las cuales no existiría la propia actividad.

Finalmente, en el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, tramitada por el Congreso de los Diputados, se aprovechará para modificar la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. En definitiva, los cazadores de la UNAC han presentado y seguirán presentando propuestas viables al Gobierno, como ha quedado demostrado con el dictamen del Consejo de Estado en relación a la nueva Ley de Montes.

Seguirán pidiendo y manteniendo cuantas reuniones sean necesarias con el fin de que se impulsen iniciativas en beneficio común del patrimonio natural y de la caza. No obstante, en mi opinión, mucho me temo que la falta de capacidad para escuchar y de asumir responsabilidades por parte de los responsables para cambiar el rumbo retrasarán las soluciones a los problemas denunciados por el sector cinegético desde hace tiempo.

Ver todas las alegaciones presentadas por la UNAC a la Ley de Montes

Juan Miguel Sánchez Roig
Publicado en la revista TROFEO de abril de 2015

Fuente: Club de Caza

 

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